Está en riesgo nuestro estado de bienestar
A principios del siglo pasado, en todos los pueblos europeos, y de forma especial en centro Europa con Bismark, van a ver la luz, como respuesta a la inquietud social cada día más agitada y reivindicativa, un conjunto de normas protectoras de la colectividad, que en su conjunto ejercerán como la primera piedra, de un modelo de organización social, en el que el estado asume un papel activo, en la garantía de unas condiciones dignas de vida de cada ciudadano. El objetivo esencial es conseguir para el pueblo una vida respetable e íntegra, reduciendo las desigualdades sociales, mediante la protección frente a los mercados devoradores, ofreciéndoles unos derechos básicos, como el de la salud, la educación, un empleo decoroso, y la protección social correspondiente, naciendo así lo que se ha bautizado, como estado de bienestar.
En España nació de la mano de Eduardo Dato, presidente de gobierno, que con la promulgación de una ley, sobre la protección frente a los accidentes de trabajo, en 1.900, se iniciaron primero, ciertas regulaciones laborales; como el descanso dominical, el referido al trabajo de los menores y mujeres, así como el reconocimiento de la responsabilidad del empresariado, frente a los accidentes de trabajo, y la protección social frente a los riesgos laborales; y con el transcurso del tiempo, va a ir aflorando un sistema de protección social bien articulado, en el que se incluyen, pensiones públicas, protección del desempleo, ayudas a las familias, prestaciones por enfermedad o en caso de incapacidad, junto a normas de apoyo a personas vulnerables…ingredientes que intentan evitar la instalación de la pobreza entre nosotros, y con ello la exclusión social.
Nace a la vez el acceso universal a los servicios públicos, de forma especial a la sanidad y a la educación, permitiendo que todos los ciudadanos tengan garantizados el derecho a la salud y a una educación de calidad, pues ésta va a permitir algo esencial, como es la igualdad de oportunidades, siendo fundamental a la hora de la obtención de cualquier puesto de trabajo; ambos servicios, no solo van a mejorar el bienestar de los ciudadanos, sino que van a incidir de forma sustancial en el desarrollo social del país. No obstante, un país con personas sanas y formadas, va a necesitar una oferta de empleo estable y de calidad, es decir, seguridad en el empleo, y que ésta se pueda ejercer dentro de las condiciones laborables idóneas, lo que se coronará con salarios justos, junto a cierta protección frente al despido. Hemos de entender que el empleo, es además la principal fuente de financiación del estado de bienestar, a través de impuestos y cotizaciones sociales.
Como correlato hemos de imponer una fiscalidad progresiva, porque la financiación del estado requiere ingresos públicos suficientes, que se obtienen mediante impuestos justos, por lo que el que tiene más ha de poner más, esto permite una redistribución de la riqueza, base del sostenimiento de los servicios de todos; es obvio que el estado, que salvaguardia nuestro bienestar, ha de mantenerse a través de los impuestos, de aquí el control, la vigilancia y el castigo, que sin cortapisas ha de sufrir todo individuo que defraude, es decir, que robe a sus iguales. A esto hay que sumar la legitimidad de la política del estado de bienestar, que ocurre cuando la ciudadanía lo percibe como justo, equitativo y vital. Esta percepción siempre va a implicar confianza en las instituciones, y en la gestión de lo público, el ciudadano ha de creer en la transparencia que requiere ese oficio; la censura de la conciencia de todos, ha de ser suficiente para provocar la limpieza del detritus social si lo hubiere.
Porque esto es uno de los pilares del mantenimiento del estado de bienestar, la equidad, la justicia y la transparencia en la gestión. Cuando se dice “pero aquel, es más, implica que es también, debiendo de proceder al arrancamiento social de ambos”, no hay atenuantes, si pisas la raya continua, la primera obligación es dar a los demás lo que has robado, y después al rincón de pensar, ¡sin dudar!
La globalización, de la que tantas ventajas económicas, sociales, políticas, culturales, ambientales, e incluso en el terreno de los derechos humanos, se esperaba, ha sido abortada por la competitividad, al beneficiarse de esta, especialmente las empresas desarrolladas, a costa de una explotación laboral deliberada, en la que se provoca, además de cierres de empresas “frágiles”, sueldos precarios, pérdida de identidad cultural de algunos pueblos, e incluso el empobrecimiento de otros, fruto del impacto ambiental, y la concentración económica de grades multinacionales, a lo que se suma en algunos ámbitos, cierta dependencia económica, incluso la aparición bolsas de desempleo.
Fuente: Dr Rodero, Psiquiatra, Santander 2026.
