Como viviente, en mi niñez, en la época de la posguerra, década de los cincuenta, en sus proximidades al rescoldo de la misma, donde las formas de aquella se habían enquistado en una enorme bolsa de la población, especialmente ejercientes de cargos de responsabilidades sociales, recuerdo el enorme, e incluso anormal respeto, que la mayoría de la población profesábamos a los jueces, a la guardia civil y a las “autoridades religiosas”, impresionaban de ostentar un poder infinito, cuyas capacidades se vivían como ilimitadas, y la verdad es que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue persistiendo en mi espíritu esa misma concepción, aunque ciertamente más filtrada y por ello más atenuada.

Cuando en el momento actual, tengo ocasión de reflexionar sobre el tema, o compartirlo con algún coetáneo, la impresión provoca desazón e inquietud, personas que habían de velar por el bien ciudadano, por su protección y bienestar, y que en consecuencia era obligada su empatía, comprensión y solidaridad, se las vivía con un respeto patológico, en el límite del miedo.

Hoy, especialmente están de actualidad, tanto los políticos como los jueces, se da una simbiosis que por distintas circunstancias les obliga a deambular casi de la mano, aquellos generalmente, tratando de conservar su estatus, es decir su poder, el lugar que les da acceso a determinados privilegios, nadie cuando lo consigue lo abandona, es pues un chupete sabroso, y éstos, porque se enquistan, en sus órganos de gestión, la impresión es que protegidos, en puestos de trabajo que no les corresponde, al haber superado el plazo para el que fueron nombrados a propuesta del Parlamento, en el caso de los órganos de gestión.

Los órganos rectores de los jueces, son elegidos en el parlamento a propuesta de los partidos políticos, por periodos de cinco años, entre aquellos más idóneos, quiérase decir, más capacitados, o con mayor grado de experiencia y formación contrastada, la impresión así expresada puede resultar plausible, pues cualquiera desea “situarse en las mejores manos, aquí en los mejores cerebros, repletos de criterios objetivos, de acuerdo con las leyes en curso”.

Pero se da la circunstancia, a la vista de la lectura de los diferentes acontecimientos, que no siempre recaen los nombramientos en los más adecuados, sino en aquellos definidos por una u otra línea política. No es difícil observar en cualquier medio de comunicación, cuando tratan alguna asunto judicial, comentar, “los progresistas votaron así y los conservadores de otra forma”, es decir, que cada uno parece que se alinea cercano al partido político que le ha propuesto, y eso impresiona que puede desvirtuar su obligado, recto y objetivo criterio.

Además, la judicatura se organiza en asociaciones diferentes, que tienen el carácter de publicas, trascendiendo sin sordina, la línea política de cada una de las mismas, incluso da la impresión que presionando a la hora de los nombramientos, para que el elegido pertenezca a una determinada asociación, incidiendo más en la línea base de objetividad a respetar, desde el escrúpulo

Pero lo más llamativo, o si me permiten preocupante, es que, aun nombrándoles para un periodo de cinco años, superado este tiempo, puedan seguir en el ejercicio del mismo, desarrollando la totalidad de las funciones para las que fueron nombrados, sin que se suscite inquietud, protesta, o simplemente dimisión, es una situación que como funcionario, con dos oposiciones a nivel nacional, se me hace difícil digerir.

Cualquier persona, funcionaria o no, cuando es contratada, o nombrada por señalamiento digital, por un tiempo determinado, al final del mismo es inmediatamente cesado en el primer caso, y en el segundo, se entiende que, el sujeto designado pueda y deba irse, dado que ha superado el tiempo para el que fue designado. De otra forma, ¿cuál es límite del tiempo de su prestación laboral?, ¿puede ejercer, hasta que sus capacidades cognitivas se lo impidan?

No creo que, ni Thomas Hobbies, mejor pensador político después de Maquiavelo, ni Montesquieu, en sus reflexiones sobre la separación de poderes, pudieran dar un aprobado a las actuales relaciones político jurídicas. Por una parte frente a la defensa de los diversos intereses políticos, se abusa de la judicatura, buscando en la mayoría de los casos torpedear o embarrar hechos concretos, y por la otra, personas que imparten justicia, han de situarse en la atalaya de la vida, evitando, e incluso castigando, todo topo de manipulaciones si las hubiera.

La dignidad, el respeto, el civismo, la honestidad, el rigor, el saber estar, la adecuación en general, se hace necesaria en nuestras instituciones, y con ello en la totalidad del personal que las representa, porque todo tipo de actos generados en esos niveles trascienden, y siembran sin querer en la población en general, caracteres y comportamientos determinados, de aquí que todos sus actos deban de ser comprensibles, cercanos, y siempre justos, es la lucha pendiente, en la que nos tenemos que encontrar todos.

Autor Dr Baltasar Rodero, Psiquiatra, Santander 2020